Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

jueves, 30 de junio de 2011

CC.OO denuncia el incremento de los accidentes laborales en Almería

Fuente: teleprensa.es
Fecha: 30/06/2011

La secretaria de Salud Laboral de CCOO Almería, Jerónima Hervás, indica que "hay que acabar con la impunidad de las empresas que incumplen con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". Entre el período de enero a mayo de 2011 se han registrado un total de 7 accidentes mortales en la provincia de Almería.

Los accidentes laborales mortales se han incrementado un 600% durante el periodo de enero a mayo de 2011 respecto al año anterior, según datos oficiales, registrándose un total de 7 accidentes mortales en la provincia de Almería.
Unos "malas cifras" que, en palabras de la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO Almería, Jerónima Hervás, "requieren de una actuación decidida para acabar con la impunidad de los empresarios que incumplen reiteradamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
Los peores resultados se registran en la provincia de Almería, donde la accidentalidad mortal supera ampliamente la media autonómica.
Los accidentes y enfermedades derivados del trabajo son una fuente continua de sufrimiento humano para los trabajadores y trabajadoras que pierden su salud en el trabajo, para sus familiares y personas de su entorno; sufrimiento que no puede ser cuantificable y que ninguna compensación económica es capaz de reparar.

Algunas voces achacan esta siniestralidad a que la crisis económica afecta a la prevención.
Que en esta situación económica, la cultura preventiva se desvanece, que los pagos a los Servicios de Prevención disminuyen y que la calidad de los servicios preventivos en las empresas se reducen, pero en opinión de Jerónima Hervás, "la causa principal de este aumento de la siniestralidad laboral sigue siendo el incumplimiento de los empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y un año más, los estímulos derivados de la acción inspectora no son suficientes en términos absolutos ni relativos".
Para la Secretaria de Salud Laboral de CCOO, "no podemos excusarnos en que crisis económica es lo que está provocando el retroceso en prevención de riesgos laborales, ya que aún en materia de prevención nuestras carencias siguen siendo absolutamente espectaculares".
Según CCOO, "al escaso compromiso y desarrollo de las políticas gubernamentales en salud laboral se añade que, entre las prioridades de algunos agentes que intervienen (Administración, empresarios, Mutuas, Servicio de Prevención Ajeno) no siempre se encuentra el bienestar y seguridad de los trabajadores/as sino el cumplimiento del expediente administrativo que exige la ley. Prueba de ello es que la mayoría de los accidentes de trabajo que ocurren son ocasionados por falta de medidas de prevención y de organización del trabajo, así como por la escasa vigilancia, control e intervención por parte de la Administración".

Si a ello se le suma "la precariedad en el empleo, agravada con la situación actual de crisis económica, la economía sumergida, la prolongación de jornadas, ritmos excesivos de trabajo o la subcontratación en cadena, la siniestralidad laboral está servida".

miércoles, 29 de junio de 2011

Clausuran el centro de víctimas de accidentes laborales de UGT en Alcorcón

Fuente: abc.es
Fecha: 28/06/2011


La junta local ha decidido clausurar hoy dicho local, primera y única sede en España de la Fundación para la defensa integral de víctimas de accidentes laborales (Fundival) que impulsa UGT.
La secretaria de Salud Laboral de UGT, Rosa Robledano, ha lamentado dicha decisión ya que en lo que va de año 49 trabajadores han muerto en accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, dos de ellos en el municipio.
"Para nosotros es triste y nos gustaría que el gobierno municipal se replantease dicha decisión", sostiene Robledano.
Para la sindicalista, la siniestralidad laboral es aún una lacra derivada de la falta aún de medidas de seguridad, de ahí que lamente que se "recorten recursos destinados a las víctimas de esos accidentes".
El grupo municipal socialista han calificado de "lamentable" la decisión del gobierno local y no ve justificación alguna, ya que si es por cuestión de espacio, señalan, el nuevo ayuntamiento cuenta con 7.000 metros cuadrados nuevos de oficinas.
La portavoz socialista, Natalia de Andrés, cree que dicha medida es muestra del modelo de gobierno "autoritario y caciquil" que a su juicio ha implantado el alcalde David Pérez en Alcorcón.
Se trata, señala, de una "clara persecución sindical y un agresión a todas las víctimas de accidentes laborales".

jueves, 23 de junio de 2011

Comunidad pone en marcha la campaña 'Prevenir riesgos laborales es rentable' para formar sobre seguridad en el trabajo

Fuente: lavanguardia.com
Fecha: 20/06/2011

La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha puesto en marcha la cuarta edición de la campaña 'Prevenir Riesgos Laborales es rentable', una iniciativa que permitirá informar y formar en materia de seguridad y salud laboral a los empresarios y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, a través de un aula móvil que en esta ocasión recorrerá 20 municipios de la región.

Según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado, la campaña se inicia este lunes y se prolongará hasta el próximo mes de noviembre. Esta campaña se desarrolla por medio de un autobús con varios puestos de asesoramiento que puede transformarse en un aula para 15 personas y que permanecerá una semana en cada localidad.

En su interior los técnicos de prevención de riesgos laborales orientarán a empresarios y trabajadores en materia de prevención y seguridad laboral y desarrollarán actividades específicas adecuadas a sus necesidades y demandas, como cursos de formación o charlas informativas.

'Prevenir es riesgos Laborales es rentable' se desarrolla en el marco del III Plan Director de Riesgos Laborales en el que se están impulsado actuaciones y medidas de formación, información y sensibilización en todos los sectores de actividad, con atención especial a los tradicionalmente más castigados por la siniestralidad y a los trabajadores más expuestos a los riesgos laborales.

El III Plan Director 2008-2011 expresa el compromiso de la Comunidad de Madrid con la seguridad y salud de los trabajadores madrileños.

La campaña del pasado año, en la que se visitaron 39 localidades y se prestó asesoramiento a más de 800 empresarios y trabajadores, tuvo una excelente acogida especialmente en los sectores más sensibles a los riesgos laborales, como la construcción y el metal.

En el desarrollo de la campaña, se impartieron 75 charlas informativas, impartida por los técnicos de prevención del Servicio de Formación e Información del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

martes, 21 de junio de 2011

El Gobierno aprueba el real decreto que regulará la actividad sanitaria en los servicios de prevención de riesgos laborales

Fuente: mtas.es
Fecha: 17/06/2011

La norma tiene dos objetivos principales: mejorar la calidad de la actividad sanitaria realizada por los servicios de prevención de riesgos laborales y homogeneizar las acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores en todo el territorio nacional El real decreto también establece que la dirección técnica de los servicios sanitarios de prevención de riesgos laborales deberá ser realizada por especialistas en medicina del trabajo o diplomados en medicina de empresa Los servicios de prevención deberán contar con los recursos materiales necesarios para garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, el nuevo real decreto que regulará la actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. Esta nueva norma tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, mejorar la calidad de la actividad sanitaria realizada por los servicios de prevención de riesgos laborales, y, por otro, homogeneizar las acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores en todo el territorio nacional.

El primero de los objetivos se quiere alcanzar mediante el establecimiento de unos requisitos mínimos que deberán cumplir los servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales para poder ser autorizados. Éste era una de los objetivos fijados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012 para mejorar la calidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores.

El nuevo real decreto se enmarca en el ámbito de la salud laboral. En este ámbito las competencias de las administraciones sanitarias están establecidas en la Ley 14/1986, General de Sanidad, en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/201106/LAB20110617.htm

domingo, 19 de junio de 2011

PP recuerda la situación de la 'chica burbuja' e insta al Gobierno a mejorar la atención de afectados por este síndrome

Fuente: 20minutos.es
Fecha: 19/06/2011

El grupo parlamentario popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley en la que recuerda la situación de la valenciana Elvira Roda, la mujer de 34 años afectada por sensibilidad química múltiple y conocida como 'chica burbuja', que vive "recluida" en su casa, e insta el Gobierno a que, en el plazo de dos meses, el grupo de trabajo constituido en 2010 presente el documento para la mejora de la calidad y equidad en la atención de los afectados por este síndrome.
En la proposición no de ley, el PP explica que en abril de 2010 se creó un grupo de trabajo formado por representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social, el Instituto de Salud Carlos III, sociedades científicas y expertos en la materia con el fin de elaborar un documento para la mejora de la calidad y equidad en la atención de los afectados por el síndrome de sensibilidad química múltiple, dentro del Sistema Nacional de Salud, en línea con los planteamientos que establece el Plan de Calidad para dicho sistema.
Sin embargo un año después, aún no se ha presentado este documento "tan esperado por los afectados", que "siguen sintiéndose abandonados y discriminados". Por ello, los parlamentarios del PP piden que se presente el documento para la mejora de la calidad y equidad en la atención de los afectados por este síndrome.
En la proposición no de ley, firmada por los diputados María del Carmen Quintanilla y Mario Mingo y por Soraya Sanz de Santamaría como portavoz del grupo popular, los parlamentarios del PP también solicitan que, una vez concluido el documento "de consenso" y en colaboración con las comunidades autónomas, el Gobierno establezca un protocolo común para el tratamiento del síndrome de sensibilidad química múltiple.
Además, piden que se promuevan, en colaboración con las comunidades autónomas y con las asociaciones de pacientes, campañas de información y sensibilización sobre este síndrome, dirigidas a la población, para facilitar su conocimiento y comprensión.
Los diputados 'populares' explican en el texto que cada vez son más los ciudadanos que sufren el síndrome de sensibilidad química múltiple, una afección que se manifiesta como "una respuesta fisiológica frente a multitud de agentes y compuestos químicos que se pueden encontrar en el medio ambiente, incluso en niveles muy pequeños".
Para los afectados por esta "enfermedad ambiental", el entorno es un medio "hostil", lo que "puede limitar seriamente su calidad de vida". Al respecto, explican que este trastorno provoca síntomas y reacciones muy diversas en función de cada persona y de su grado de afectación.
Asimismo, señalan que el hecho de que este síndrome no esté reconocido como enfermedad supone "no tener cobertura de la Seguridad Social y que los propios afectados por el síndrome de sensibilidad química múltiple tengan que hacer frente al pago, no solo de los escasos y costosos tratamientos que existen en la actualidad, sino también de elementos tan básicos, como pueden ser unas simples mascarillas o guantes, tal y como denunciaba recientemente ante los medios de comunicación Elvira Roda".
Esta mujer de Alboraya (Valencia) vive "recluida" en su casa, "precintada herméticamente, para evitar la exposición a cualquier sustancia química que podría provocarle la muerte", recuerdan los diputados.

jueves, 16 de junio de 2011

Piojos, ántrax y "policías quemados"

Fuente: publico.es
Fecha: 16/06/2011

Interior reconoce por primera vez a los agentes el 'síndrome de burnout' como riesgo laboral

Los policías no sólo se arriesgan a sufrir un impacto de bala, recibir el golpe de un delincuente o accidentarse a bordo de un coche patrulla mientras trabajan. Entre los riesgos laborales a los que se enfrentan a diario los agentes, también se encuentran los piojos, infección por ántrax, salmonelosis e, incluso, la posibilidad de sufrir el síndrome de burnout o del funcionario quemado.
Así lo reconoce el Ministerio del Interior en el primer Manual de seguridad y salud para actividades genéricas del Cuerpo Nacional de Policía.
El documento, de 26 folios, detalla todos los "riesgos laborales" a los que se enfrentan y señala medidas para evitarlos o, al menos, aminorar sus consecuencias. Así, sobre el síndrome de burnout, al que menciona tanto con su denominación inglesa como con la expresión "síndrome del desgaste profesional o del quemado", lo incluye entre los "riesgos asociados a factores psicosociales", junto al "estrés".
Para combatirlo, los autores del texto proponen que los policías reciban un entrenamiento específico para "controlar y manejar el estrés", y sugieren que se estudien "mejoras en la organización y distribución del trabajo". Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguraron a este diario que los representantes de Interior en la Comisión de Riesgos Laborales del Consejo de la Policía donde se estudió el manual pusieron en un primer momento reticencias a incluir el "síndrome del quemado". Un estudio sobre la incidencia de esta dolencia en la Policía, que tiene en marcha la Universidad de Granada, les hizo cambiar de opinión, añaden estas mismas fuentes.
Además del burnout, el documento enumera una larga relación de otros riesgos laborales a los que se ven sometidos los agentes. Así, entre los males "asociados a las dependencias policiales", sitúa las caídas "a distinto y al mismo nivel", los golpes, los accidentes eléctricos y los cortes. También dedica especial atención a los "asociados al uso de pantallas" y a la "fatiga postural".
Más amplia es la relación de riesgos de la "actividad policial". Sobre las armas de fuego, por ejemplo, alerta de las heridas de bala, la "inhalación de productos tóxicos" en galerías de tiro y la pérdida de audición por deflagraciones. En el caso de la conducción de vehículos, se remite a atropellos y accidentes de tráfico. Y en el cacheo de sospechosos, a posibles agresiones, cortes por objetos y riesgos de contagio de enfermedades.
Unidades especiales contarán en breve con documentos de riesgos específicos
En este sentido, el manual abre un capítulo para los "riesgos biológicos", donde sitúa enfermedades como hepatitis, VIH, tétanos, tuberculosis, enfermedades víricas o la inhalación del peligroso ántrax. Incluso reconoce el riesgo de los policías a sufrir sarna, piojos, salmonelosis, leptospirosis o "fiebre por mordedura de ratas".
También hay un apartado dedicado a riesgos químicos y otro al contacto con animales. Los primeros, señala el manual, pueden afectar sobre todo a los agentes destinados en los laboratorios de Policía Científica, a los técnicos en desactivación de explosivos, a los especialistas en lucha NRBQ (nuclear, radiológica, bacteriológica y química) y a las unidades de telefonía y radio. Los segundos, a los policías de las unidades caninas y de caballería, a los que la Dirección General de la Policía ya ha entregado fichas específicas y detalladas sobre sus riesgos laborales concretos.

miércoles, 15 de junio de 2011

Trabajo indemnizará a una empleada pública incapacitada por fumigaciones

Fuente: abc.es
Fecha: 15/06/2011

En su sentencia, la Audiencia reconoce el derecho de la mujer, representada por el bufete de abogados Colectivo Ronda, a ser indemnizada por la administración por ser la responsable de la falta de medidas de seguridad e higiene en su lugar de trabajo.
La empleada trabajaba en una administración de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granollers y acabó desarrollando un síndrome clínico múltiple con trastornos dermatológicos, endocrinólogos, fatiga y dificultad neuropsicológica de tipo frontal, debido a varios tratamientos con plaguicidas que se realizaron en su lugar de trabajo.
A consecuencia de ese síndrome de sensibilidad química, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconoció a la mujer la invalidez permanente absoluta.
La Audiencia Nacional ha obligado ahora al Ministerio de Trabajo a indemnizar a la trabajadora, por los perjuicios derivados de la actuación de la Tesorería de la Seguridad Social "en lo que supone un mal funcionamiento del servicio público".
El síndrome de sensibilidad química múltiple (SSQM) es una enfermedad provocada por la exposición continuada a agentes tóxicos que, según estudios recientes, puede afectar en mayor o menor grado al 12% de la población.

2.036 trabajadores han estado expuestos a los efectos del amianto

Fuente: elmundo.es
Fecha: 15/06/2011

Un total de 2.036 trabajadores, de ellos 637 "pasivos" por no estar ya en el mercado laboral y el resto aún en activo, es el que habría estado expuesto en Castilla y León a los efectos cancerígenos derivados del uso del amianto, tal y como aparece recogido en el registro o censo epidemiológico puesto en marcha por la Junta.
Así lo ha desvelado este miércoles el viceconsejero de Empleo, Ignacio Ariznavarreta, quien, minutos antes de inaugurar en Valladolid la jornada 'El amianto: un problema social' organizada por el Departamento de Salud Laboral de la UGT en la Comunidad, ha anunciado igualmente que, además de la necesaria actualización del referido registro, la Junta, siguiendo las directrices del Plan de Seguridad y Salud Laboral 2011, tiene previsto constituir un grupo específico de trabajo con el fin de crear otro registro cuyo fin es el de establecer un censo de aquellos edificios de Castilla y León construidos con este material insalubre.
Todas estas medidas, como así ha resaltado Ariznavarreta, tienen por finalidad, por un lado, conocer el número de trabajadores afectados por su exposición al amianto para así poder ofrecerles el tratamiento sanitario en un estadio precoz y, por otro, eliminar el riesgo que para el resto de ciudadanos supone la existencia aún hoy de numerosos edificios en cuya construcción se empleó este material, prohibido desde 2002.
Por su parte, el máximo responsable de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, ha precisado que el amianto es un "viejo conocido" de la humanidad desde hace 2.000 años, pero que es a partir del siglo XX cuando se han empezado a detectar sus efectos en forma de cáncer sobre los trabajadores expuestos a él, de ahí la exigencia de contar con un registro de afectados permanentemente actualizado y de que los enfermos vean reconocida su dolencia como enfermedad profesional, algo que en la mayoría de los casos, según ha denunciado, no está ocurriendo en estos momentos.
Ello repercute negativamente en el trabajador afectado, no sólo por no poder acceder a un tratamiento farmacológico gratuito sino por que las prestaciones recibidas por una enfermedad común no son las mismas que en caso de la enfermedad profesional.
Un plan de 'desamiantado'
Pero además, el líder ugetista ha advertido de que si bien en 2002 se prohibió el uso y manipulación del amianto, dicha prohibición no ha llevado aparejada su retirada de los edificios, la mayoría de ellos construidos con este material durante el auge del sector entre desde los años 50. "Es preciso una planificación para desamiantar esos inmuebles, que no sólo constituyen un riesgo para la salud de los trabajadores que los construyeron sino para el resto de ciudadanos que trabaja en ellos", ha declarado.
En la misma línea, la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ha aprovechado para denunciar el carácter "obsoleto" del "infrarregistro nacional" de afectados, tal como lo ha calificado, y las consiguientes dificultades para que los trabajadores expuestos al amianto vean reconocida su dolencia como una enfermedad profesional.
Como ejemplo, la sindicalista ha recordado que en 2010 tan sólo 109 trabajadores afectados por el amianto contaron con dicho reconocimiento, frente a 15.000 de otras enfermedades profesionales.
Rufino ha alertado finalmente de que el número de experimentará un importante crecimiento dentro de una o dos décadas, ya que la prohibición del uso de este material no llegó hasta 2002 y la 'latencia' de la enfermedad-tiempo hasta que se manifiesta- es de entre 20 y 30 años.

La conciliación y las enfermedades, principales problemas del trabajador en el extranjero

Fuente: equiposytalento.com
Fecha: 15/06/2011

La conciliación, la seguridad personal, las enfermedades propias de otras latitudes y la inadaptación a otros roles culturales son los grandes retos a los que se enfrenta un trabajador desplazado al extranjero.

Elena Castro, auditora jefe en Prevención de Riesgos Laborales, ha manifestado que, “en un marco de globalización donde las empresas se internacionalizan aún no existen criterios homogéneos a nivel internacional para cuantificar la siniestralidad laboral. Eso puede justificar que Alemania o España presenten datos sobre accidentalidad más negativos que otros países con una política de prevención menos arraigada. La razón se basa en la definición que cada país le da al término “accidente laboral”.

Esta afirmación se produjo en el marco de la Jornada “La gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y la gestión de cambio en el nuevo escenario socioeconómico”, organizada por la Auditora en Prevención de Riesgos Laborales Full Audit junto a AEDIPE.

Castro ha explicado a un auditorio formado por responsables de Recursos Humanos y de Prevención que “un trabajador desplazado se enfrenta a grandes retos a nivel de salud laboral: la conciliación, la seguridad ciudadana del país de destino, el contagio de nuevas enfermedades desaparecidas en Europa, pero no en otras latitudes como enfermedades tropicales, y la adaptación a nuevos roles culturales”.

La experiencia de Full Audit en materia de aplicación de PRL en empresas globalizadas se basa en su experiencia auditora en países tan diversos como China, USA, Brasil, México, etc. José María Tarrago, vicepresidente de Ficosa, intervino en la jornada como empresa ejemplar en procesos de prevención de riesgos en un marco de internacionalización de una empresa.

Tarrago destaco que “las empresas que son sostenibles, invierten de forma inexorable en prevención y van mejor. La prevención no es una moda, incluso en tiempos de dificultad hemos seguido invirtiendo en crisis”.

lunes, 6 de junio de 2011

El PP pide un protocolo común para el tratamiento de la Sensibilidad Química

Fuente: ideal.es
Fecha: 05/06/2011

El PP ha presentado una proposición no de ley para que se promuevan medidas para mejorar la atención de los afectados por el síndrome de sensibilidad química múltiple, entre ellas establecer un protocolo común para el tratamiento de esta enfermedad, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
El grupo parlamentario popular en el Congreso ha presentado esta iniciativa para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, a la que recuerda que cada vez son más las personas que sufren este síndrome, una afección compleja que se manifiesta como una respuesta fisiológica frente a multitud de agentes y compuestos químicos que se pueden encontrar en el medio ambiente.
El PP insta al grupo de trabajo que se constituyó hace algo más de un año para que elaborase un documento con mejoras para atender a los afectados a que presente el texto en menos de dos meses.
Y que una vez que concluya el documento, establezca en colaboración con las Comunidades Autónomas un protocolo común para el tratamiento de esta enfermedad.
También, según informa en una nota de prensa, pide al Gobierno que promueva, igualmente colaboración con las autonomías y con las asociaciones de pacientes, campañas de información y sensibilización sobre este síndrome para facilitar su conocimiento y comprensión.
El grupo popular subraya que este trastorno, que provoca síntomas y reacciones muy diversas, aún no se ha incluido en la clasificación estadística internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, aunque sí ha sido reconocida en países como Alemania, Austria y Japón.

Muere un anciano tras volcar el tractor que conducía, en Abanilla

Fuente: laopiniondemurcia.es
Fecha: 05/06/2011

En la última década se han registrado en España cerca de cuatrocientos accidentes mortales con maquinaria agrícola

Un hombre de 75 años murió ayer tras volcar el tractor que conducía en el término municipal de Abanilla, según informó el centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El suceso ocurrió poco después de las tres de la tarde en un paraje cercano al cementerio de la pedanía de Macisvenda, en el citado término municipal. El 112 recibió un aviso que aseguraba que un hombre se encontraba inconsciente tras sufrir un vuelco el tractor que conducia.
Al lugar acudieron efectivos de Protección Civil de Abanilla que comprobaron que el anciano no había quedado atrapado por el tractor, pero sí cabía la posibilidad de que estuviese fallecido. El equipo médico de la ambulancia del servicio de urgencia de Abanilla confirmó dicho fallecimiento.

Las causas del accidente se desconecen. El suceso fue comunicado a la Guardia Civil, al forense y al Instituto de Seguridad y Salud laboral.

Muertes en el ámbito agrícola
El uso del tractor protagoniza la mayoría de accidentes con vehículos agrícolas en el campo. De hecho, la mayoría de las muertes en el ámbito agrícola están relacionadas con el uso de maquinaria agrícola y en el 70,1% de los casos, son causadas por el vuelco del tractor. Así lo recoge un estudio realizado por la universidad pública de Navarra, que destaca que este tipo de accidentes son la primera causa de siniestralidad laboral en el campo.

En la última década se han registrado en España más de 388 accidentes mortales con maquinaria agrícola, de los cuales, tan sólo el 61,85% (240) ha tenido carácter oficial y se ha recogido en las estadísticas de accidentes laborales del Ministerio de Trabajo.

Investigaciones del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia y de la universidad pública de Navarra señalan que el mayor riesgo de sufrir accidentes mortales se produce en las personas mayores de 65 años y en los menores de 16 y grupos de población ajenos al sector agrario.

El pasado día 6 de mayo un hombre también falleció al volcar el tractor que conducía en Yecla, mientras realizaba labores agrícolas.
Durante el mes de abril también se produjeron varias muertes por esta causa. El día 3 de abril falleció un chico de 14 años, vecino de El Albudeite, atrapado bajo un tractor cuando ayudaba a su padre en una plantación de almendros en Mula. Y el día 10 de ese mismo mes un hombre de 45 años murió al volcar el tractor que conducía en la diputación lorquina de Zarzadilla de Totana.

La Audiencia absuelve a la gerente de una finca por las lesiones de un trabajador en una mano

Fuente: europapress.es
Fecha: 05/06/2011

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha absuelto a la gerente de una finca agrícola de un delito de lesiones imprudentes por el que había sido condenada a un año de prisión, por las lesiones que sufrió un trabajador en su mano izquierda cuando se disponía a enganchar el apero de labranza a un tractor y se le quedó atrapada.    La Audiencia revoca de esta forma la sentencia del Juzgado de lo Penal número uno de Cartagena, que condenó a la acusada a un año de cárcel al considerar probado que, entre sus responsabilidades, pesaba dar una adecuada formación del trabajador, y omitió en absoluto cualquier instrucción o protocolo de cómo se debía desarrollar esta actividad.
   En concreto, los hechos probados consideran que la mujer se limitó a indicar al tractorista que le diera unas someras instrucciones de cómo funcionaba la maquina, cuando la operación "comporta un notorio riesgo y exige respetar unas mínimas pautas de actuación que en este caso fueron ninguneadas por la total desidia que en materia de prevención de riesgos en el trabajo había puesto la acusada".
   Por ello, la Audiencia condenó a la acusada a indemnizar al trabajador en la cantidad de 60,34 euros por cada uno de los 3 días impeditivos con estancia hospitalaria que tardó en curar aplicando en la cantidad que resulte de multiplicar 49,03 euros por cada uno de los 125 días de sanidad impeditivos que padeció y en la cantidad que resulte de multiplicar los tres días de sanidad no impeditivos por 26,40 euros, con un 10% de factor de corrección en todos los casos.
   Asimismo, la condenó a indemnizar en razón del perjuicio estético en 12 puntos multiplicables 787,65 euros y en razón de las pérdidas funcionales en 21 puntos multiplicables por 1.057,06 euros, con 10% de factor de corrección adicional al computo.
   En concepto de secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado, el Juzgado determinó la cantidad de 21.000 euros, con 10% de factor de corrección adicional. Además se le condenó al abono de los intereses que legalmente correspondan a las cantidades reseñadas.
   Sin embargo, la condenada interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que no aceptó los hechos declarados probados por la Sentencia apelada.
   Y es que la inspectora del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia viene a apuntar, como causa del accidente, a un fallo en la evaluación de los riesgos, al no evaluarse específicamente las tareas de desenganche de aperos, añadiendo que de la propia evaluación de riesgos que realizó en su día la empresa de prevención se desprendía que el técnico que la hizo no sabía que el desenganche lo realizaban dos personas, lo que, desde luego, no cabe imputar, sin más, a la acusada.
   Por otra parte, el técnico en la empresa de prevención que realizó la evaluación de riesgos, dijo que saber cómo se engancha o desengancha un apero es algo que viene en el correspondiente manual de instrucciones y que ello no forma parte de las funciones de los servicios de prevención, sino que es responsabilidad de la empresa enseñar a los trabajadores cómo se manejan los equipos.
   Sin embargo, la Audiencia considera que "no es menos cierto que dicho testigo sí reconoció que es función del servicio de prevención determinar los riesgos y que para ello cuenta como fuente de trabajo con los manuales de instrucciones, lo que viene a ratificar que era el indicado servicio el encargado de indagar la forma concreta de realizar esa tarea en la empresa, a fin de indentificar adecuadamente los riesgos y proponer las medidas de seguridad adecuadas.

Mantener a un funcionario desocupado será acoso laboral

Fuente: elpais.com
Fecha: 04/06/2011

El Gobierno aprueba un reglamento para regular el 'mobbing' en la Administración 

Mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles será considerado acoso laboral. Igual que reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo. Así lo establece una resolución del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que regula el acoso o mobbing en la función pública y que fue publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Solo si la presión es "prolongada" se considerará falta muy grave
Se calcula que el 6% de los empleados sufre algún tipo de violencia
La resolución, firmada por la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, distingue entre acoso y violencia psicológica y establece un protocolo detallado para actuar en caso de conflicto. Se considera acoso, además de los supuestos citados, "dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan". Por el contrario, no es acoso "la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legal", así como las "conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores", las "presiones para aumentar la jornada" y las "ofensas puntuales dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos".
Para que la Administración acepte que ha existido acoso el comportamiento grosero y discriminatorio tiene que ir dirigido siempre contra el mismo empleado y ser "permanente y prolongado". El acosador será sancionado por falta muy grave o derivado a los tribunales. La víctima retomará sus funciones y quienes hayan actuado como testigos no sufrirán represalias. El protocolo considera que el hostigamiento que sea considerado "violencia psicológica" en lugar de acoso tendrá "la sanción que corresponda", de menor gravedad en cualquier caso que el acoso.
Esta resolución concede un plazo de dos meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que la Administración incluya un impreso de denuncia en la intranet de los departamentos y nombre al especialista de personal que iniciará el proceso tras la denuncia. La normativa introduce otra novedad: los empleados con conocimiento de algún supuesto de acoso tienen la obligación de denunciarlo ante la dirección aunque no les afecte.
Sindicatos y expertos en salud laboral se felicitan por la aprobación del protocolo, aunque les hubiera gustado que fuese más "audaz" con los intereses de la víctima, ya que exige que la hostilidad se produzca una y otra vez antes de poder denunciar el acoso. Y también critican que el proceso esté tan burocratizado y haya que dar tantos pasos que finalmente desanime a la víctima. Pero era una necesidad imperiosa, argumentan. "La carencia era clara. El propio Gobierno estaba incumpliendo la ley porque no tenía un protocolo de actuación ante casos de violencia laboral ni tampoco un sistema de prevención de riesgos psicosociales, tal y como marca la ley de prevención de riesgos laborales (de 1995)", razona Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT.
Según los expertos, la violencia laboral -acoso, agresiones verbales, acoso sexual...- es uno de los problemas laborales emergentes, y más en época de crisis, donde las relaciones pueden enrarecerse más de lo habitual. "Es un tema sensible, no solo para la salud laboral. También afecta a la productividad", comenta Fernando Benavides, Director del Centro de Investigación en Salud Laboral en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
No se han desglosado los datos por empresas públicas o privadas, pero se calcula que alrededor del 6% de los trabajadores sufre algún tipo de violencia laboral, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Los sectores más afectados son la sanidad, el trabajo social y la educación, según cálculos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud.
Gobierno y sindicatos llevaban tres años negociando un protocolo de actuación ante el acoso laboral en la administración general del Estado. Ahora, tras la firma, fuentes sindicales explican que el plan tiene muchas carencias y confían en que el documento sea solo "un acuerdo de mínimos".

Protocolo de la denuncia


- Rellenar el impreso disponible en la intranet. Remitirlo al servicio de prevención de riesgos laborales y a la inspección.
- El inspector podrá pedir el asesoramiento de los expertos en relaciones laborales, y emitir un informe previo con entrevistas y declaración de testigos. Como precaución, podrá cambiar de departamento al acusador o al acusado, o a ambos. Para el trámite del informe inicial dispone de un máximo de diez días.
- A partir de ese momento se podrá nombrar a un mediador aceptado por las dos partes en litigio para buscar un acuerdo. Si no lo logra se nombrará un "comité asesor para situaciones de acoso", que elaborará un segundo informe contando con la participación obligatoria de las personas que determine. Para esta segunda valoración dispone de 15 días.
- La decisión final la adoptará el responsable de recursos humanos, también en un plazo de dos semanas. Si se aprecia una conducta especialmente dolosa por parte del acosador se considerará delito y seguirá la vía ordinaria en los tribunales. En caso contrario, se sancionará al acosador con expediente disciplinario por falta muy grave. Se garantizará que no se adopten represalias contra los testigos y se penalizarán las denuncias falsas.

Trabajadores de UPS protestan por el despido del sindicalista que denunció acoso laboral

Fuente: nuevatribuna.es
Fecha: 04/06/2011

El conflicto en UPS se encrespa. Las denuncias por acoso laboral, que concluyeron en el despido del presidente del comité de empresa, recibirán respuesta el próximo lunes 6 de junio, fecha en que se ha convocado una concentración a las puertas de las instalaciones de UPS en el edificio Alvento, en la Vía de los Poblados, a las 11 de la mañana, según informa el convocante de la protesta, Comisiones Obreras (CCOO).   La protesta viene motivada por la decisión de la empresa de paquetería de despedir al sindicalista. Según CCOO, el despido se produjo después de que el sindicalista se aprestara a defender a una trabajadora que había denunciado ser víctima de acoso laboral. En su opinión, “UPS no quiere que haya una representación legal que ejerza la legítima defensa de los derechos de los trabajadores”.
En caso de que la empresa no rectifique, el sindicato amenaza con llevar el caso ante la justicia. Por lo pronto ha suspendido todas las negociaciones que estaban en marcha entre los representantes de los trabajadores y la empresa.
El Sector de Carretera de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO considera que la actitud de la empresa constituye “una intolerable transgresión de los derechos sindicales”. Por su parte, UPS ha acusado al dirigente sindical de injurias y ha procedido a su despido.
CCOO ha comunicado a UPS que mientras el expediente siga abierto “se suspenden todo tipo de negociaciones”. El sindicato entiende que en la situación actual no se puede negociar y llegar a acuerdos con la empresa y considera que la actitud de la empresa constituye una “intolerable transgresión de los derechos sindicales con el claro objetivo de atacar la legitimidad sindical”.
CCOO asegura que la actuación de UPS se suma a los intentos de extinción de contratos de varios centros, como los de Vallecas y Alvento, con varios expedientes de regulación de empleo que han sido sistemáticamente rechazados por la Administración competente, así como a otros casos de despidos declarados improcedentes y nulos.

jueves, 2 de junio de 2011

UGT gana una sentencia a favor de una trabajadora murciana

Fuente: murcia.com
Fecha: 02/06/2011

"víctima de acoso laboral, por incumplimiento del convenio y por el impago de su salario"

La Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia se congratula de la victoria obtenida por los servicios jurídicos de nuestro sindicato en la Comarca del Mar Menor, que ha ganado una sentencia a favor de una trabajadora, en la que la demandante ha sido víctima de un continuo y reiterado acoso laboral que ha atentado contra la dignidad de su persona, provocándole un cuadro ansioso-depresivo por las vejaciones, insultos y menosprecios a los que ha estado sometida desde que, tras una baja por los mismos síntomas y una posterior maternidad, se reincorporara a su puesto de trabajo.
Desde ese momento, la trabajadora pidió una reducción de jornada de acuerdo a su maternidad, solicitando cambiar su turno de trabajo, fijado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 ó 22:00 horas, por uno continuado de 10:00 a 15:40 horas; siéndole denegado sistemáticamente por la empresa, que la obligaba a trabajar también sábados, domingos y festivos, jornadas de hasta 12 horas continuadas con descanso para comer. No corrieron la misma suerte varias de sus compañeras, a las que la empresa si les reconocía sus derechos laborales y pudieron disfrutar de una jornada continua. Del mismo modo, la demandante alegó la imposibilidad de disfrutar de una hora diaria de trabajo para dedicarlo al permiso por lactancia que le corresponde por tener un hijo/a menor de nueve meses.
Unido a toda esta serie de negativas, trato discriminatorio e impedimento para la conciliación de la vida familiar con la laboral, la empresa comenzó a retrasarse no sólo en el abono de su salario sino en el pago de la baja temporal que la trabajadora tuvo que tomarse. De ahí que los servicios jurídicos de UGT en el Mar Menor, llevaran a cabo una demanda en contra de esta empresa a causa del acoso moral, basado en el hostigamiento, acoso y vaciamiento de sus funciones tras la incorporación laboral de la trabajadora.
Sin duda, esta situación de acoso o moobing presenta los requisitos que la jurisprudencia prevé necesarios para su estimación: situación de hostigamiento, actitudes de violencia psicológica (ya que era insultada por su jefe con palabras como "la gorda esa"), conducta prolongada en el tiempo, objetivo de causar daño a la trabajadora que afecte a su personalidad y autoestima y, por último, la causación a ésta de alteraciones psicosomáticas de ansiedad que, como es lógico, motiven el abandono del puesto de trabajo ante la incapacidad de soportar el stress al que se somete.
Conductas, todas ellas, avaladas por una de sus compañeras de trabajo, que relató que su superior le había obligado a no mantener relación de amistad ninguna con ella. De toda la prueba practicada, se confirmó por el Juzgado de lo Social n°3 de Cartagena, que los hechos denunciados por la Unión General de Trabajadores eran suficientes y fundados para estimar que la demandante había sido hostigada y acosada, consiguiéndose la extinción del contrato de la trabajadora y la condena al empresario de abonar por indemnización cuarenta y cinco días por año de servicio.

Las organizaciones de autónomos organizan la jornada "Hazlo por tí"

Fuente: murciaeconomia.com
Fecha: 01/06/2011

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, celebra este jueves en el hotel AC de Murcia una jornada informativa con autónomos, dentro de la campaña “Hazlo por Ti”, que las principales organizaciones de autónomos, ATA y UPTA, están desarrollando por todo el país con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta iniciativa de sensibilización dirigida a los trabajadores autónomos informa sobre la importancia de ampliar la base de cotización en los ámbitos de la cobertura por accidentes laborales y la prestación por desempleo, dos reivindicaciones contempladas con una mayor base impositiva.
La jornada, que comenzará a las ocho de la tarde, contará con la intervención de Lorenzo Amor, Presidente Nacional de ATA y del Delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González.

IARC clasifica los campos electromagnéticos de radiofrecuencias como posiblemente carcinógeno en humanos

La OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente cancerígeno para los seres humanos (Grupo 2B), basado en un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer de cerebro, asociados con el uso de teléfonos inalámbricos.
Informe completo (en ingles):  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

miércoles, 1 de junio de 2011

Mutua Universal exime al gobierno riojano de lucro o irregularidad alguna

Fuente: larioja.com
Fecha: 01/06/2011

La dirección de Mutua Universal en Logroño eximió ayer con rotundidad al Gobierno riojano de «cualquier responsabilidad o lucro como institución o de cualquiera de sus miembros» en la investigación por presunto fraude a la Seguridad Social (SS) que lleva a cabo un juzgado barcelonés y que implica a la firma de prevención y 29 entidades públicas y privadas, así como a 1.170 empresas. En este sentido, Diario Público informó ayer de que, según el informe pericial encargado por el juzgado, el Ejecutivo regional se habría ahorrado 1,28 millones de euros en descuentos ilegales en las cuotas a la SS de los trabajadores entre 1998 y el 2007 dentro de un hipotético fraude en todo el país que alcanzaría los 253 millones.
El director de Mutua Universal en La Rioja recordó ayer a este diario que «trabajamos con la Comunidad Autónoma desde 1992, con entonces un Gobierno del PSOE y, si algo ha hecho el Ejecutivo, al igual que las empresas privadas o públicas con las que trabajamos, es sacar lo máximo posible para sus trabajadores». La Mutua Universal presta, a cambio de un contrato de unos dos millones de euros anuales, servicios de cobertura por enfermedades profesionales o accidentes laborales para unos 8.000 empleados de la Comunidad Autónoma y, según el informe pericial que cita Público, la entidad de previsión habría pagado facturas de clientes y habría cedido personal cuyo coste asumía.
En el caso riojano, el mismo informe cita expresamente la reforma de un centro sanitario, la contratación de un ATS (16.300 euros) y la posibilidad de contratar un técnico a tiempo parcial que haría dedicación real pagando la diferencia la mutua (13.800 euros al año). El director regional de Mutua Universal únicamente reconoce que «sí ha podido haber sobreprestaciones, al igual que con otros clientes, como hacemos todas las entidades de este sector, ya que si no las ofreces estás fuera del mercado».
Así, el directivo de la compañía admite que «pudimos ceder personal en centros de la Comunidad Autónoma para colaborar en ciertos servicios de prevención y también adelantar pagos por exploraciones y atenciones de trabajadores de baja que estaban en listas de espera o pendientes de operaciones quirúrgicas con el fin de que, y siempre con el beneplácito del empleado, se incorporasen antes a su centro de trabajo». Mutua Universal entiende que esta práctica «es habitual y nos sentimos chivos expiatorios de un intento para regular este sector cuando el Ministerio es plenamente consciente de la situación». «Por qué Diario Público -se pregunta- no ha difundido que, además del Gobierno de La Rioja, también es cliente nuestro el Ayuntamiento de Barcelona».
Sin constancia gubernativa
Por su parte, el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno riojano, Conrado Escobar, explica que el contrato con Mutua Universal se firmó en 1992 y se actualizó en el año 2000: «Desconozco el expediente de la Fiscalía, supongo que será de Anticorrupción, pero lo que puedo asegurar es que ningún juzgado o institución se ha dirigido a nosotros para pedirnos alegación o explicación ni administrativa ni judicial». «Mutua Universal ha trabajado bien aquí y no tenemos constancia de las irregularidades que se le achacan», agrega.

Anulan condena un año cárcel a gerente empresa por un accidente laboral

Fuente: finanzas.com
Fecha: 01/06/2011

La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado la sentencia del Juzgado de lo Penal número Uno de Cartagena que hace ahora un año condenó a un año de prisión a la gerente de una empresa agrícola ubicada en Torre Pacheco por un accidente laboral. La sentenciadel Juzgado declaró como hechos probados que el accidente laboral se produjo en las instalaciones de la empresa, ubicada en la población pachequera de El Jimenado, el 27 de mayo de 2006, cuando un trabajador sufrió lesiones en una mano cuando participaba en las labores de enganche de un apero al tractor que era accionado por un compañero.
El juez condenó a la gerente por un delito de lesiones imprudentes a la pena de un año de prisión, al mismo tiempo que la absolvía por un delito contra la seguridad de los trabajadores, por el que también fue juzgada.
Al anular dicha condena, la Audiencia Provincial indica que "de las declaraciones testificales y periciales que se prestaron en el juicio no cabe extraer la existencia de una conducta omisiva de la suficiente entidad como para ser merecedora de reproche penal".
Añade que la acusada "dijo que ella no explicó personalmente al trabajador cómo tenía que hacer la operación, porque ella no se dedica a eso, pero que sí se lo explicó la empresa que tenía contratada como servicio de prevención y que también lo hizo su hijo, que actuaba como tractorista, así como que aquél recibió un curso de prevención".

La empleada de una asesoría fallece tras un golpe contra una puerta

Fuente: laverdad.es
Fecha: 01/06/2011

Una mujer falleció ayer por la mañana en el Hospital Comarcal de la Vega Baja, en Orihuela, donde se encontraba hospitalizada desde la tarde anterior tras sufrir un accidente laboral en la asesoría de Callosa de Segura donde trabaja, según informaron fuentes próximas a la investigación del suceso.
Al parecer, la víctima no pudo superar la hemorragia que le provocaron los numerosos cortes que tenía en el cuerpo como consecuencia de un golpe contra una puerta de cristal.
Los hechos ocurrieron sobre las ocho y media de la tarde del pasado lunes, cuando la mujer, cuya edad no fue precisada, sufrió un desmayó y se golpeó contra una puerta de la oficina, ubicada en una calle de la localidad.
Sus compañeros la auxiliaron y trataron de taponarle las heridas producidas por los cristales. Sin embargo, uno de esos cortes le seccionó una vena axilar, situada en esa zona del cuerpo y al parecer de vital importancia para el riego sanguíneo.
Una unidad del Samu logró estabilizarla y la evacuó de urgencia hasta el hospital oriolano, donde quedó ingresada con pronóstico grave. No obstante, ya había perdido abundante sangre y ayer a media mañana se confirmó su fallecimiento.

La presión lleva a las mutuas a devolver 5.000 millones a la Seguridad Social

Fuente: elperiodico.com
Fecha: 01/06/2011

En seis años, la devolución de fondos de las mutuas de accidentes de trabajo a la Seguridad Social se ha multiplicado por siete. Los mayores controles por parte del Ministerio de Trabajo y la intervención policial en casos como el de Mutua Universal han permitido aflorar unos 4.400 millones en beneficios que han incrementado la dotación del fondo de prevención y rehabilitación laboral que gestiona la Seguridad Social desde unos 700 millones acumulados en el 2004 a más de 5.000 al finalizar el 2011, según la previsión del Ejecutivo.

Este fondo se nutre de los excedentes declarados por las mutuas, que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan las cotizaciones de sus empresas asociadas para cubrir los accidentes y la incapacidad. El 80% del beneficio tiene que destinarse a las reservas de las mutuas, mientras que el resto tiene que retornarse al fondo de la Seguridad Social. A partir del 2004 también se aprecia un importante incremento paralelo de las aportaciones a las reservas de las entidades al aflorar más excedentes.

Aunque el Gobierno admite que también ha influido en el crecimiento del fondo la mejora del ciclo económico, atribuye el fenómeno a un seguimiento más riguroso de las cuentas de las entidades empresariales. Hasta el 2004, las mutuas retornaban a la Seguridad Social entre 35 y 62 millones cada año. A partir del 2005, se registra un incremento progresivo de las aportaciones al fondo de prevención hasta alcanzar el máximo en el 2007, con 1.410 millones. Del 2005 al 2010, las entidades retornaron unos 3.900 millones. Para el 2011, la Seguridad Social prevé una aportación de unos 600 millones por los beneficios de sus entidades colaboradoras.