Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

domingo, 18 de septiembre de 2011

El trabajo más peligroso del mundo

Fuente: La Razon

Es difícil establecer un ranking de profesiones de riesgo pero, a tenor de los datos, ser conductor de autobús en Guatemala está tristemente al nivel de los soldados en Afganistán y de la Policía en Irak.

Existen profesiones que por su naturaleza coquetean a menudo con la muerte. Bomberos, soldados, o empleos relacionados con la manipulación de sustancias o componentes peligrosos están en el imaginario popular, pero las estadísticas ofrecen un perfil, a menudo, muy diferente.

Guatemala se ha convertido en un campo de batalla en el que actúan sin control bandas armadas y los recién llegados cárteles mexicanos de la droga, que se han apoderado del 90 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos cruzando las fronteras del país centroamericano, que ya se ha visto obligado a imponer la ley marcial en diferentes provincias.

Las estadísticas arrojan datos estremecedores especialmente en un colectivo que está pagando la convulsión política, económica y social: los conductores de autobús. Más de 200 han muerto en año y medio por negarse a pagar a las pandillas una «cuota de seguridad».

José Choy, conductor de 25 años, recuerda la noche trágica en la que unos individuos le dejaron parapléjico. El 28 de junio de 2008, un grupo de hombres armados subieron al autobús que conducía y, sin mediar palabra, le dispararon en la espalda. Confinado a una silla de ruedas, puede dar gracias de haber sobrevivido a los pistoleros.

Aunque la bala que le seccionó la médula no fue la única secuela. Al ataque le sobrevino la miseria para su familia, con sus hijos llorando de hambre mientras los médicos le anunciaban que su mujer estaba embarazada, relatan los protagonistas en el diario «Milenio».

«Sólo recuerdo haber escuchado varios disparos, pero de repente me fui de lado y ya no supe más», describió el malogrado conductor.

La violencia en la campaña electoral
La violencia arroja 18 homicidios diarios y se ha vuelto tema central de una campaña electoral. Con casi 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, los niveles de Guatemala son de los más altos del mundo y superan a zonas de guerra como Irak o Afganistán. El crimen ha ganado tanta relevancia en la vida diaria del país que compone el eje de la actual campaña electoral.

Las viudas del gremio de chóferes se han asociado en una ONG para reclamar justicia para las víctimas de estos delitos con los que los pandilleros buscan extorsionar a los propietarios de los autobuses. Las extorsiones a los 3.000 autobuses de la capital reportan a las pandillas más de 70.000 euros semanales en una región en la que dos millones de personas malviven con menos de un dólar al día.

«La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. Para la gran mayoría de los ciudadanos, sólo hay dos temas: el empleo y la seguridad», apuntó en «The Washington Post» el guatemalteco Fernando Girón Soto, analista de seguridad.

«Tenemos más muertos ahora que durante la guerra civil», dijo Frank La Rue, activista de derechos humanos y el delegado de Naciones Unidas en el país. El conflicto, de 36 años de duración, terminó en 1996 dejando una estela de 200.000 muertos.

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