Fecha: 13/09/2011
La técnico de Hacienda trata de presentar otras conclusiones, en las que reduce a la baja el supuesto perjuicio sufrido por el municipio, pero el juez se lo impide
El 'caso Umbra' de supuesta corrupción en la Gerencia de Urbanismo de Murcia es muy amplio, no solo por lo que ya ha trascendido de la investigación judicial, sino por lo que además se intuye. Pero una parte no intrascendente del asunto recibió ayer un duro golpe, cuando la principal perito, la arquitecto jefe de la Unidad Técnico-Facultativa de la Delegación de Hacienda en Murcia, Pilar Fontela, se vio incapaz de ratificar en el juzgado su informe inicial.
Fontela ya se había visto envuelta en una virulenta polémica el pasado 17 de junio, cuando fue citada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, precisamente para que ratificara esas conclusiones primeras, y la perito eludió hacerlo aduciendo que se la había citado con solo 48 horas de antelación y que no había tenido tiempo de preparar su comparecencia. El juez David Castillejos aceptó la disculpa y eso originó una contundente respuesta de una decena de abogados de los principales imputados, que llegaron a presentar un escrito de queja en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el hecho de que ni siquiera se les hubiera consultado antes de tomar la decisión.
Además, los letrados, entre los que se encuentran algunos de los más relevantes penalistas de la Región ( José Pardo Geijo, José Muñoz Clares, José María Caballero Salinas, Jaime Peris, Francisco Valdés Albistur, Clemente García, José Antonio García Sánchez, Antonio Hellín, Luis Castillo Ramos y Abraham Castro) ya hicieron constar su sospecha de que, en realidad, la perito se sentía incapaz de ratificar un informe que consideraban plagado de inexactitudes y errores, y alertaron de que trataría de cambiarlo.
A raíz de lo ocurrido en los últimos días, no parece que fueran demasiado desencaminados. Para empezar, Pilar Fontela presentó el pasado viernes un nuevo informe, en el que modificaba de manera sustancial las conclusiones a las que había llegado en el primer estudio pericial, elaborado en abril de 2008.
En aquel informe inicial se descalificaba la actuación del Ayuntamiento de Murcia en el convenio urbanístico que firmó en 2001 con el empresario Jesús Samper para la recalificación de los terrenos de Nueva Condomina. En concreto, se señalaba que las importantes ventajas económicas obtenidas por Samper, y que cifraba en más de 395,5 millones de euros, no se habían visto compensadas ni de lejos por los equipamientos entregados a cambio al municipio (el campo de fútbol, en el que el dueño del Real Murcia se habría gastado como mucho 50 millones, y un campo de golf, que todavía no ha construido y cuya explotación, además, el Ayuntamiento ha decidido cederle para 50 años).
La perito señalaba igualmente que el Consistorio no solo había calculado a la baja la edificabilidad obtenida por Samper gracias al convenio, sino que además también valoraba muy escasamente el precio del suelo urbanizable: a 120 euros el metro cuadrado, en vez de a 265 euros/m2, que era un precio de mercado estimado como mucho más real. Consideraciones, todas ellas, que llevaron a la Fiscalía a estimar entre 106,5 y 92,7 millones las pérdidas que habría sufrido el municipio por el convenio firmado sobre Nueva Condomina.
Importante rectificación
En el informe presentado la semana pasada, la perito de Hacienda cambia sustancialmente las conclusiones y reduce las posibles pérdidas para el Ayuntamiento a solo 13,9 millones de euros. Y respecto del aumento de la edificabilidad de la que se habría beneficiado Samper, la reduce de 1,3 millones de metros cuadrados a algo más de 577.000.
Aunque el fiscal anticorrupción y el Abogado del Estado reclamaron del juez Castillejos que acepte incluir en el sumario el nuevo informe, éste aceptó los argumentos de los letrados defensores, que adujeron que no podía presentar un nuevo informe, ya que Fontela solo había sido llamada para ratificar o no el que hizo en su día. De forma que rechazó incorporar el nuevo estudio e instó a la perito, según fuentes próximas al caso, a someterse a las preguntas de todas las partes.
La diligencia se prolongó durante casi cuatro horas y, según distintas fuentes, Pilar Fontela no se sintió capaz de ratificar las conclusiones de su primer informe. Para explicarlo, alegó que lo había hecho sin contar con la suficiente información.
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