Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

martes, 27 de septiembre de 2011

Las caídas son la segunda causa de muerte accidental en la Región

Fuente: laopiniondemurcia.es
Fecha: 27/09/2011

El director del Instituto de Medicina Legal de Murcia presenta la Memoria de 2010, en la que destaca los descensos de homicidios y de muertes naturales por enfermedades cardiovasculares

 El número de muertes por accidente de tráfico ha descendido en la Región de Murcia, según los datos de la Memoria del Instituto de Medicina Legal de 2010, presentada ayer por el director del organismo, Rafael Bañón González, quien estuvo acompañado de la subdirectora de Organización de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal, Isabel Tarazona Lafarga.

La tendencia a la disminución de fallecidos en las carreteras murcianas se viene produciendo desde hace unos años, pero en 2010 se registró la cifra más baja, con 63 muertes. Por contra, el año más trágico en las vías regionales fue 2001, con 230 fallecimientos. Este descenso ha provocado que las autopsias practicadas hayan sido menos este año, con un total de 632.

En cuanto a las muertes violentas, el director del Instituto de Medicina Legal explicó que la Región «tiene un bajo nivel de criminalidad homicida, por detrás de la media nacional y de otros países». Bañón detalló que el pasado año se produjeron doce homicidios en la Región, un número menor que otros años. De las muertes, una estuvo causada por estrangulamiento, tres por armas de fuego, cinco con objeto cortante, dos con objeto contundente, y una con fuerza corporal. Nueve de los doce fallecidos por homicidio eran hombres, y tres mujeres.

Las caídas son la causa más frecuente de muerte accidental después de los fallecimientos en carretera. En 2010, 47 personas murieron en caídas, no sólo laborales, sobre todo en accidentes domésticos o en la vía pública. La sumersión accidental, tanto en piscina como en el mar, es la tercera causa de fallecimiento por accidente, con 32 casos. La intoxicación por drogas ocasionó 30 muertes. El mes más mortal en este ámbito fue agosto. De los muertos accidentalmente, 163 fueron varones y 41 mujeres.

En las muertes naturales, las enfermedades cardiovasculares son las más mortales. El director del Instituto Médico Legal destacó la importancia de practicar autopsias a los fallecidos por muerte súbita ya que, «cuando se debe a una enfermedad hereditaria, puede ayudar a prevenirla en sus familiares».

Aunque las autopsias practicadas han bajado, los forenses han realizado más informes clínicos, con un total de 25.000. Bañón atribuye este aumento de pruebas periciales a la apertura de nuevos juzgados, lo que supone realizar más evaluaciones tras accidentes de tráfico, agresiones, incapacitaciones, o lo más destacable: el aumento de internamientos psiquiátricos no voluntarios.

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