Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

jueves, 27 de octubre de 2011

Los ex responsables de Huelva y Almería demandan al director de Cope Andalucía por 'mobbing'

Fuente: prnoticias.com
Fecha: 27/10/2011

Los directores de las emisoras de Cope en Huelva y Almería, Alejandro de Vicente y Javier Izaguirre, han planteado sendas demandas por mobbing y acoso laboral contra el director regional de Cope Andalucía, Joaquín López-Sáez. Desde la emisora se argumenta que estas salidas se produjeron por motivos profesionales y por los negativos resultados de estas dos delegaciones.

 

Alejandro de Vicente y Javier Izaguirre acusan a Joaquín López-Sáez de acoso laboral y mobbing y han presentado una demanda contra él ante el juzgado de lo social número 2 de Huelva. Según consta en una carta enviada al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Rouco Varela, los dos afectados denuncian que López-Sáez les sometió a un 'desmesurado nivel de exigencia, control y presión, abuso de autoridad y menosprecio hacia nuestra labor profesional'...'enfrentándonos a nuestros propios subordinados, entrometiéndose en nuestra vida personal e  'invitándonos'  finalmente a abandonar  la  empresa'.

Ambos directores fueron despedidos el 18 de mayo y fue entonces cuando decidieron tomar acciones legales contra el director regional de Andalucía. En la demanda por mobbing y acoso laboral contra López-Sáez aparecen citados además Rafael Pérez del Puerto, consejero delegado de COPE e Ignacio Armenteros, director general, como conocedores de la situación.

Fuentes de la Cadena Cope explican que la decisión de prescindir de estos dos directores se basa exclusivamente en motivos profesionales y en los negativos resultados económicos y de audiencias que venían cosechando las dos emisoras en los últimos meses. Aseguran además que los demandantes no se habían quejado de mobbing hasta que fueron despedidos. Indican además que existía un principio de acuerdo con los dos directivos para indemnizarles con 45 días por año trabajado, pero que éstos rechazaron la oferta a última hora.

Alejandro de Vicente y Javier Izaguirre han enviado una carta a Rouco Varela informándole de lo sucedido y pidiendo que se abra una investigación interna en la empresa. En la misiva explican que desde que Cope decidiera darles mayores competencias al director regional de Andalucía, éste ha abusado de su autoridad. Explican también que el motivo que les dieron para su despido fue precisamente una falta de confianza en su gestión. Por último anuncian que no descartan proceder por la vía penal, una vez que culmine la demanda laboral.

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