Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

martes, 29 de noviembre de 2011

Los accidentes de trabajo "castigan" al sector Servicios

Fuente: abc.es
Fecha: 29/11/2011

La siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid se está cebando con los Servicios, sector que en los diez primeros meses de este año contabiliza ya 52 víctimas mortales y 47.041 accidentes en centro de trabajo, según datos de UGT.
El secretario regional del sindicato, José Ricardo Martínez, y la responsable de Salud Laboral, Rosa Robledano, han hecho público un informe de elaboración propia según el cual 79 trabajadores habían perdido la vida en la región hasta el pasado 1 de noviembre, un 2,60 por ciento más que en el mismo periodo de 2010 (77 accidentes mortales).
Además, en los diez primeros meses de 2011 se habían contabilizado 77.928 accidentes leves, un 10,35 por ciento menos que en 2010 (86.922), y 393 graves frente a los 417 del año pasado (-5,76 por ciento).
Por sectores, 52 trabajadores han perdido la vida en Servicios y 20 en Construcción, lo que supone un incremento del 14,29 y del 5,88 por ciento, respectivamente. En el sector industrial han fallecido siete trabajadores.
Los altos ritmos de trabajo, la falta de cultura de la prevención y el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales son algunas de las causas de la siniestralidad en la región denunciadas hoy por UGT, cuya responsable de Salud Laboral ha denunciado y lamentado que los trabajadores estén arriesgando su vida por un empleo.
José Ricardo Martínez, por su parte, ha expresado la "preocupación" que hay en su organización por el retraso que lleva la negociación del IV Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales: "Es urgente y debería de ser una de las prioridades del Gobierno regional", ha afirmado.
El informe del sindicato valora la actuación de la Fiscalía en materia de prevención de riesgos laborales con la incoación de trece procedimientos por delito de homicidio imprudente en siniestro laboral; doce por delito de riesgo; 91 escritos de acusación; 23 sentencias de juzgados de lo Penal y ocho por la Audiencia Provincial.
Entre las propuestas que propone UGT-Madrid para intentar reducir la siniestralidad laboral destacan la obligatoriedad de cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; la continuidad de los acuerdos suscritos con la Comunidad de Madrid; y el aumento de los recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y del Instituto Regional de Seguridad y Salud.
También demandan la publicación de las empresas que hayan sido sancionadas, la prohibición de que éstas no puedan optar a subvenciones públicas, y que la Administraciones se persone como acusación popular en los casos en que exista presunción de delito por parte del empresario.
Robledano también ha abogado por el desarrollo y la consolidación de una cultura preventiva dentro del sistema educativo.

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