Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

lunes, 12 de diciembre de 2011

A Fondo León El Bierzo Castilla y León Opinión Cultura Economía España Internacional Titulares Última Hora 'MOBBING' EN LA ESCUELA DE ARTE | REACCIONES A LA SENTENCIA DEL TSJ La Junta de Personal exigirá el jueves a Educación que adopte medidas inmediatas

Fuente: diariodeleon.es
Fecha: 10/12/2011


El presidente de la Junta de Personal Docente de Centros Públicos No Universitarios, Javier Ampudia, valoró ayer la sentencia sobre mobbing en la Escuela de Arte como una «demostración de que la Administración no ha tomado cartas en el asunto» y «ahora nos toca pagar a todos» al señalar que la indemnización de 14.500 euros saldrá de las arcas públicas de la Junta de Castilla y León.
En su opinión, la sentencia debe servir para que a partir de ahora la Inspección Educativa «ejerza sus funciones no sólo para fiscalizar horarios y programaciones». En este sentido, el representante sindical insistió en que una de las competencias de la Inspección Educativa es «intervenir ante comportamientos contrarios al buen hacer profesional».
En el plenario de la Junta de Personal, que se celebra el próximo jueves, propondrá elevar por escrito una reclamación «para que se salvaguarde la seguridad en el trabajo del personal docente» e «incoe expediente sancionador ante cualquier queja de otra profesora», subraya Ampudia.
Recuerda que en el sector de la enseñanza hay más de un 35% de bajas por depresión que «en más casos de los que son denunciados» tienen que ver con situaciones de acoso psicológico. En la Escuela de Arte de León apunta que la situación que vivivió Marta Balmaseda no es aislada: «Hay más quejas de otras profesoras» que trabajan en la actualidad en el mismo departamento. Una de las compañeras de Balmaseda también se quejó en el juicio de «la falta habitual de respeto y educación hacia ella, aunque al no compartir el taller ‘podía escabullirme’», según recoge la sentencia del TSJ.
El presidente de la Junta de Personal, miembro del sindicato CSI-CSIF, señala también que «es muy importante para la salud de las personas y el buen funcionamiento de los centros que estos problemas se aborden de forma más profesional y no se dejen colear durante años bajo el disfraz de que se trata de desavenencias entre dos profesores».
Asimismo, critica que la reacción más frecuente de la Inspección Educativa ante estos casos sea invitar al profesorado que se queja «a presentar una denuncia por vía penal».
Repercusión en la escuela. Además de las consecuencias para la administración pública, el representante sindical menciona que la situación de acoso que la Consejería de Educación no atajó «ha perjudicado de manera importante el aprendizaje del alumnado» en la Escuela de Arte y en particular del Ciclo Formativo de Pintura de Vidrieras.
Ampudia remarca también la significación de la sentencia en el ámbito docente por ser la primera que reconoce una situación de mobbing en Castilla y León entre personal docente. «Ha habido otros casos con personal administrativo», matizó.

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