Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

lunes, 30 de enero de 2012

Condenan con 161.000 euros por la muerte de un trabajador en Prioro

Fuente: elmundo.es
Fecha: 29/01/2012


La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a una empresa y a una subcontrata al pago de 161.000 euros por el accidente mortal que sufrió un trabajador en mayor de 2001 mientras desarrolla labores de limpieza de montes en la localidad de Prioro en un tractor. En concreto, la sentencia estipula el pago de 121.000 euros para la viuda y 40.000 para la hija.
Se da la circunstancia de que el trabajador Jesús G.A.M. fue dado de alta en la Seguridad Social una hora después de sufrir el accidente en el que perdió la vida. Al día siguiente, la empresa subcontratista suscribió contrato de prestación de servicios de prevención con una mutua que aceptó el siniestro como derivado de contingencia laboral y anticipando determinadas prestaciones a favor de la viuda y la hija.
El fallecido en el momento del siniestro además de trabajar para la subcontrata percibía la prestación de desempleo, una "actividad totalmente incompatible" como ya lo resolvió la Seguridad Social en una resolución sancionadora.
La sentencia sobre responsabilidad patrimonial, que es firme, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la viuda contra la desestimación de la reclamación por responsabilidad patrimonial por importe de 240.000 euros. Sin embargo, desestima el recurso contra la Junta de Castilla y León, la mutua y la aseguradora del vehículo.
Los hechos se produjeron el 8 de mayo de 2001 cuando J.G.A.M. sufrió un accidente mientras manejaba un tractor, momento en el que perdió estabilidad el vehículo, volcó y rodó y atrapó al trabajador, que sufrió heridas de tal gravedad que falleció en el interior del vehículo.
En este sentido, la sentencia considera que el fallecido "fue obligado a trabajar en unas condiciones netamente inadecuadas tanto por la maquinaria (inexistencia de barreras antivuelco, falta de protección del eje de potencia) como por la configuración del tajo (soledad del trabajador, falta de personal de dirección y asistencia ejecución de las obras)" motivos por los que considera surge la obligación solidaria de la indemnización por parte de las contratistas.

Irregularidades

La resolución judicial subraya también que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social constató en su día que la subcontrata condenada no había dado de alta al trabajador en la Seguridad Social, ni había comunicado la apertura del centro de trabajo del que era titular. Además, el parte de accidente presentaba espacios en blanco y carencias, no se investigaron las causas que produjeron el accidente, no se realizaba ningún reconocimiento médico a los trabajadores, ni había evaluación de los riesgos laborales en la empresa, ni tenía concertada la prevención con ninguna empresa.
El tribunal pone de manifiesto además el "total desentendimiento" que ha tenido la empresa subcontratista "durante las actuaciones inspectoras y con posterioridad" en relación con "este lamentable siniestro".
Finalmente, indica que "resulta significativo" que la viuda negara en 2008 haber recibido parte de la indemnización y dos años después, tras mostrarle los resguardos correspondientes del abono, lo tuviera que reconocer. La documentación presentada por la mutua acreditaba el pago de 64.624 euros, tal y como resolvió el juzgado de lo social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario