Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

jueves, 9 de febrero de 2012

Nueva sentencia favorable para un trabajador del Ayuntamiento

Fuente: eldiadigital.es
Fecha: 09/02/2012

Atendiendo a los datos que maneja el abogado del trabajador de la localidad, el monto total de los salarios de los años trascurridos desde que interpuso la demanda, sumado a las costas del proceso podrían ascender a cerca de 80.000 euros.
Después de que en los últimos días el trabajador municipal Julián Lozano diera a conocer su denuncia sobre acoso laboral, otro trabajador, José Antonio García Bravo, ha creído oportuno que se conozca también la situación que desde el año 2006 ha venido atravesando, debido, ha dicho, a la actitud del antiguo Equipo de Gobierno Socialista, cuyo alcalde, Pedro Antonio Ruiz Santos, “vulneró mis derechos laborales y fundamentales, según se recoge en el convenio colectivo del Ayuntamiento de Villarrobledo”.

En primer lugar ha informado que viene prestando desde el año 1991 sus servicios en este Ayuntamiento como electricista. Que como consecuencia de un accidente laboral sufrió una fractura de cadera, ocasionándole además cuatro hernias discales en el cuello.
Después de dos años de recuperación, en el INSS “me reconoce la prestación de incapacidad permanente para mi profesión habitual, derivada del accidente de trabajo, y sin posibilidad de recuperación”. Por ello, solicitó el cambio de puesto de trabajo, de acuerdo al convenio colectivo de empresa del personal laboral del Ayuntamiento, que establece literalmente: “Los trabajadores que por motivo de accidente o enfermedad resultasen incapacitados por acuerdo o resolución administrativas del organismo competente al efecto, serán destinados a otros puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por los mismos, de acuerdo con sus aptitudes, sin menoscabo de sus derechos económicos”.

Desde el Ayuntamiento, la respuesta fue que el cambio de la plaza de puesto de trabajo llegaría en octubre de 2006, y llegada esa fecha, pudo comprobar que no figuraba la misma.
Posteriormente le ofrecieron un contrato del PER por tres meses, y tras no aceptar por entender que no se cumplía con el convenio vigente, fue cuando decidió denunciar esta situación de ilegalidad. En noviembre de 2007, el Juzgado de lo Social de Albacete número 2, condena al Ayuntamiento a recolocarle en un puesto de trabajo que pueda ser desempeñado por este trabajador, de acuerdo con sus aptitudes.

El Ayuntamiento recurre la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, siendo desestimado por esta institución el recurso de suplicación del Ayuntamiento.
De nuevo y tras conocer esta sentencia, desde el Ayuntamiento dan a conocer su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo, pero estas intenciones solo fueron un amago para ganar un año de tiempo, ya que pasado este periodo de tiempo, el Tribunal Supremo confirma que no existe causa alguna sobre este asunto. De esta forma, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pasa a ser firme.

Atendiendo a los datos que maneja el abogado del trabajador, el monto total de los salarios de los años trascurridos desde que interpuso la demanda, más las costas del proceso podrían ascender a cerca de 80.000 euros. Tras relatar lo sucedido, García Bravo apunta “que estos últimos años de su vida han sido un auténtico calvario, todo ello debido a la actitud dictatorial y prepotente del entonces alcalde, Pedro Antonio Ruiz Santos, que en ningún momento ha tenido en cuenta la situación personal en la que quedaba tras el accidente laboral”.

“Han sido sin duda, los cuatro peores años de mi vida. Me vi obligado a aplazar mis préstamos con los bancos y, además, sin cobrar en todo ese tiempo ningún tipo de salario; tuve que abandonar Villarrobledo y marcharme a Málaga a vivir con mi madre, sin contar con ningún tipo de recurso”, ha explicado. Esta situación, ha dicho, generada por Ruiz Santos, “también me ha ocasionado daños psicológicos, hasta que he podido conocer el desenlace final de la situación”.

Revela que la primer teniente de alcalde, Carmen Martínez, llegó a decirle que no podían ofrecerle trabajo porque se encontraba mal psicofísicamente , “creo que ordenada por Ruiz Santos, ya que este ha venido siendo su estilo de no dar la cara y encargar el trabajo sucio a lugartenientes y comisarios políticos”. Concluye señalando que esta forma de actuar ha sido la que ha tenido el anterior alcalde Pedro Antonio Ruiz Santos, con personas que tras más de 20 años de servicio en el Ayuntamiento, son ignoradas y relegadas al más absoluto desprecio, solo por sufrir un accidente laboral, que además del daño psicológico y económico, ha mermado su calidad de vida para el resto de sus días.

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