Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

martes, 20 de marzo de 2012

CC.OO. 'desmonta' el argumento empresarial de que hay un "fraude masivo" en las bajas por IT

Fuente: eleconomista.es
Fecha: 16/03/2012

CC.OO. ha difundido este viernes un informe para 'desmontar' el argumento empresarial de que existe un "fraude masivo" en las bajas por incapacidad temporal, así como para echar por tierra la demanda de que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben encargarse de la gestión de las altas y bajas médicas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común, sustituyendo en esta labor a la Seguridad Social.

El secretario de Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo, ha denunciado que se está utilizando información "adulterada, cuando no simplemente falsa", obtenida de fuentes empresariales y de las propias mutuas, para justificar este argumento y para conseguir que las empresas dejen de pagar o paguen en menor medida los salarios correspondientes a los primeros 15 días de estas bajas.
Así, subraya que se han presentado datos "sesgados" sobre la evolución del gasto en prestaciones económicas por incapacidad temporal, pues, en contra de lo que se ha dicho, éste lleva cuatro años descendiendo y situándose incluso por debajo de lo presupuestado.
De este modo, CC.OO. precisa que en 2011 se presupuestaron más de 7.000 millones de euros para esta partida, consumiéndose únicamente a final del ejercicio 6.295 millones de euros.
"El objetivo último de esta campaña de desinformación es aprovechar la inercia de la reforma laboral aprobada por el Gobierno para que el incremento del poder de dirección empresarial alcance también a un aspecto tan sensible como la salud de las personas", alega Bravo.
EL 72% DE LA POBLACION NO SE COGE NINGUNA BAJA POR IT.
Bravo también ha calificado de "falso" que exista un fraude masivo en las bajas por incapacidad temporal. De hecho, ha apuntado que, según un informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, el 72% de la población activa no presenta en el plazo de un año ninguna incapacidad temporal por enfermedad común, frente al 17,5% que ha tenido un único episodio, y sólo el 10,5% que ha tenido más de uno.
"Los datos oficiales señalan que la situación en España es incluso mejor que la media de la UE, de modo que las jornadas perdidas por incapacidad temporal en España son el 2,1%, mientras que en Europa suponen el 2,2%", subraya CC.OO, que insiste en que "no es sostenible" el argumento empresarial de que autorizar a las mutuas a dar altas y bajas en procesos de enfermedad común "sea la única y tan siquiera la mejor opción" para garantizar un uso adecuado de este derecho y reducir el gasto.
El sindicato argumenta además que el coste empresarial de la prestación por IT entre el cuarto y el decimoquinto día de la baja no es tan "desorbitado" como apuntan los empresarios. Así, mientras que éstos sitúan el coste en 2.100 millones de euros, CC.OO. indica que, de acuerdo con sus estudios, esta cifra se encuentra cercana a los 1.000 millones de euros.
Para CC.OO., el debate sobre los abusos de esta prestación y sobre si el gasto público en incapacidad temporal es excesivo radica en el hecho de que el sistema público está financiando bajas por enfermedad común que deberían estar reconocidas como accidentes laborales o enfermedades profesionales, que se financian exclusivamente por cotizaciones empresariales.
En este punto, el sindicato señala que existen estudios de varias comunidades autónomas que cifran como "millonarios" los abusos que muchas empresas y mutuas hacen del presupuesto de la Seguridad Social. Como ejemplo cita un informe del Instituto vasco de prevención laboral (Osalan), que ha calculado que cerca del 3,3% del gasto sanitario total del servicio público de salud corresponde en realidad a bajas que deberían ser reconocidas como laborales.

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