CSI.F rechaza que una única mutua gestione los accidentes de trabajo y enfermedades de trabajadores del SESCAM

Fuente: http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-csif-rechaza-unica-mutua-gestione-accidentes-trabajo-enfermedades-trabajadores-sescam-20120510150142.html

Fecha: 10/05/2012

El sindicato CSI.F ha mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno regional de adjudicar a una única mutua de accidentes de trabajo la gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
   "Esta decisión se comunicó al Comité Central de Salud Laboral sin aportar ningún tipo de informes que avalen la necesidad de este cambio ni los beneficios que aportaría a la salud de los empleados públicos de la Junta en el SESCAM, informa el sindicato en nota de prensa.
   De este modo, ha mostrado su sorpresa por la decisión del Gobierno de María Dolores de Cospedal y ha afirmado que en ocasión se trata de que con las cotizaciones de los empleados públicos del SESCAM se financie una mutua de accidentes laborales para que preste un servicio "que no ha sido claramente determinado".
   Todo ello, añade, "en unas condiciones que se desconocen y sin que se hayan establecido los motivos que subyacen a tal decisión, la cual debería estar avalada, exclusivamente, por informes técnicos objetivos que garanticen una mejor prestación de servicios a los actualmente prestados".
   De este modo, CSI.F se ha preguntado qué "intereses ocultos mueven los hilos" de esta nueva decisión, "dada la total ausencia de informes técnicos".
   Por otra parte, añade que, hasta el momento, las cotizaciones procedentes de los trabajadores del SESCAM, que ingresaba el INSS, revertían en el propio Servicio de Salud, por ser quien prestaba la asistencia sanitaria. "Con el cambio a una Mutua, el SESCAM dejará de recibir esa financiación, lo cual, en los tiempos que corren, supone una mala gestión de los recursos públicos", añade.
   En conclusión, según CSI.F, se nos presenta una "decisión política" para destinar fondos públicos a financiar una entidad privada "sin aportar el más mínimo informe técnico ni auditoría que apoye esa decisión con criterios objetivos y, además, sin que se cumplan los mínimos requisitos legales exigidos por la normativa vigente".