Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Noelia Garcia Guirao (Murcia)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Miembro con Carnet Profesional nº E-1476-25 de la A.P.P.J. (Asociación Empresarial de Peritos Judiciales)

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Peritajes, Consultoría y Formación

Contacto: perito.prl.murcia@gmail.com




El Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una figura, dentro del marco de la Pericia Judicial, al servicio de la Administración de Justicia. Según se recoge en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito es un experto en un determinado campo que, ante cuestiones planteadas por el juez o algunas de las partes, emite un dictamen en el que contesta a dichas cuestiones o emite su opinión profesional.



El cometido del perito es ayudar al juez a interpretar ciertos hechos o pruebas que requerirían conocimientos especializados para dicha interpretación y de los cuáles, el perito dispone. Su misión no es juzgar, ni establecer quién es o no culpable de algo. El perito, en su dictamen, solamente debe responder, de manera razonada, estructurada y comprensible, y con el aval de su preparación y experiencia profesional, a aquellas cuestiones que se planteen, de manera que ayuden al juez a dictar un veredicto, ya que éste carece del nivel de conocimientos y experiencia en determinadas y específicas materias, como es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

El descenso de la actividad empresarial hace caer el número de delitos por lesiones en accidente laboral

Fuente: farodevigo.es
Fecha: 01/08/2012

La fiscal especializada en siniestralidad atribuye a los efectos de la crisis la importante bajada de un 26% de los procedimientos abiertos por presuntas negligencias


La Fiscalía de Pontevedra está detectando en los últimos meses un importante descenso en el número de procedimientos que se abren a consecuencia de las lesiones que sufren los trabajadores en un accidente laboral negligente. Las cifras referentes al pasado año así lo acreditan, dado que en 2011 la Fiscalía de Pontevedra abrió un total de 994 causas por un supuesto delito de lesiones en accidente laboral frente a las 1.345 del ejercicio anterior.
La fiscal especializada en esta materia, Marta Durántez, reconoce que este importante descenso del 26% en cuanto a las lesiones sufridas por operarios en sus puestos de trabajo no solo es fruto de la mayor presión y control que ejerce la propia Fiscalía y la Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad en materia de seguridad laboral. Durántez señala a la crisis económica como uno de los factores claves para explicar una caída tan importante en el número de procedimientos abiertos: "La disminución de la producción sin duda influye para explicar esta caída, así como la mejora del sistema informático que utilizamos y que nos permite disponer de una imagen más real" de la evolución de las causas por siniestralidad en la provincia. Es destacable, además, que el parón de la actividad industrial es significativo en sectores como la construcción que siempre tienen una incidencia elevada en cuanto a la tasa de accidentalidad.
La Fiscalía destaca que también se produce un descenso, aunque es muy poco significativo, en cuanto al número de delitos incoados de homicidio por accidente laboral. Mientras que el año pasado se investigaron 6 posibles muertes negligentes en el puesto de trabajo, en 2010 el número de procedimientos había sido de un total de 7.
Aunque no es la primera vez que ocurre, sí que resultan destacables los dos casos abiertos por la Fiscalía por un presunto delito de riesgo sin resultado lesivo. Es decir, situaciones en las que se detecta que los trabajadores desarrollan su actividad en claro riesgo para su salud sin que el empresario o los responsables de la firma tomen cartas en el asunto para impedirlo. En 2010 no se había iniciado ningún procedimiento de este tipo ni tampoco en lo que va de 2012 se han registrado nuevos casos. Estos dos que se refieren a 2011 se iniciaron a raíz de una denuncia de Inspección de Trabajo y como consecuencia de una denuncia ante la Fiscalía del sindicato CIG. Marta Durántez reconoce que perseguir los delitos de riesgo es uno de los principales objetivos de la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral ya que supone "anticiparse al accidente, adelantar la barrera de la protección jurídico penal antes de que se produzca el resultado lesivo" para el trabajador. En este ámbito, la fiscal reconoce que las principales vías para tener conocimiento de este tipo de hechos son dos, la Inspección de Trabajo y los propios sindicatos y así lo transmite en cada una de las reuniones periódicas que mantiene con los responsables de las centrales sindicales en Pontevedra. La respuesta por parte de los sindicatos está siendo óptima y cada vez son más las denuncias que trasladan al fiscal sobre posibles situaciones de riesgo.
Para la fiscal, las centrales sindicales son el cauce óptimo para recibir este tipo de denuncias ya que comprende, "la dificultad y reticencia que, por razones obvias, supone para un trabajador denunciar a su empleador por un incumplimiento de las medidas en materia de seguridad y salud" y más en estos tiempos de crisis en los que aumenta la precariedad.
Investigación por la aparición de enfermedades como silicosis
La Fiscalía considera de relevancia las enfermedades profesionales y de hecho se está instruyendo en un juzgado de Vigo una causa abierta a raíz de la denuncia presentada por el Ministerio Público relacionada con la padecimiento de varios obreros de una enfermedad profesional grave (en este caso, silicosis) que pudiera estar relacionada directamente con el uso de conglomerados de cuarzo. Por otra parte, la fiscal también explicó que se abrieron dos investigaciones por el posible daño provocado en la salud de unos operarios por el uso de amianto, de las cuales una de ellas ha sido archivada.
Contratación de autónomos para intentar eludir responsabilidades
La fiscal destaca que uno de los problemas que presentan más dudas y dificultades es el de la imputación a los verdaderos responsables de los siniestros, concretamente en el caso de estructuras empresariales complejas que se pierden en uniones temporales de empresas, contratas y subcontratas. También están atentos a la contratación de autónomos que en realidad son dependientes de la propia empresa, sometidos a sus órdenes y organización, quizá con el objetivo de eludir responsabilidades también en materia de seguridad laboral.

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