Declaran los peritos por la denuncia de acoso laboral contra la edil de Cultura

Fuente: farodevigo.es
Fecha: 14/09/2012

Los testigos-peritos Miguel Abad, en su condición de médico de familia, Anxo Pérez, como técnico superior de riesgos laborales de la CIG, y una funcionaria de la Inspección de Trabajo prestaron ayer declaración en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ourense por la denuncia presentada por una trabajadora del Consorcio del Festival Internacional de Cine, dependiente del Concello de Ourense, por un presunto delito contra la integración moral por autoridad o funcionario (acoso laboral) contra el actual responsable, Diego González, y la presidenta del mismo y concejala de Cultura, Isabel Pérez.
Anxó Pérez relató al juez todo lo sucedido desde el mismo momento en que la trabajadora pidió asesoramiento ante la situación de "acoso laboral" del que supuestamente era víctima por parte del nuevo gerente del consorcio, aunque en su momento había sido contratado como administrativo. Y aseguró que después de comprobar que existían "indicios más que racionales" de que se estaba produciendo esa situación "se realizó el correspondiente seguimiento".
Con la documentación de que dispone, Anxo Pérez asegura que se trata de una "persecución laboral en toda regla" por parte del actual responsable del consorcio de cine, y la imputación de la presidenta, y a su vez edil de Cultura y teniente de alcalde del Concello de Ourense, se debe a que supuestamente "era conocedora de la situación y no hizo nada al respecto".
Y mientras el médico de familia Miguel Abad, que la atendió en el centro de salud al que pertenece la denunciate, evitó hacer valoración alguna, apelando a la confidencialidad que debe tener en un caso de está índole, aunque se ratificó en el informe médico que emitió en su momento, la funcionaria de la Inspección de Trabajo concretó todas las actuaciones realizadas.
En este sentido, por parte de la Inspección de Trabajo se procedió en su momento a formalizar una acta de infracción, y que llevó consigo una sanción económica al consorcio del festival de cine de 6.250 euros, y realizaba un requerimiento para la puesta en marcha del protocolo correspondiente de acoso y valoración de riesgo. La sanción deberá de ser abonada por el consorcio, después de que la autoridad laboral la confirmase, y una vez recibieron y analizaron las alegaciones presentadas por el consorcio del festival de cine.
Y mientras el técnico de prevención de riesgos de la CIG aseguró que un año después de la denuncia y la sanción de la Inspección de Trabajo, "todo sigue igual", con lo que entiende es un "agravante" en el posible delito de acoso laboral, el abogado que representa a la concejal de Cultura, Isabel Pérez, presente ayer en la declaraciones, se limitó a señalar que en este asunto "no hay nada".