Fecha: 18/09/2012
Se entiende habitualmente que mobbing es la práctica ejercida en las relaciones personales, especialmente en el ámbito laboral, consistente en un trato vejatorio y descalificador hacia una persona, con el fin de desestabilizarla psíquicamente. Habitualmente, el mobbing exige la presencia de un hostigador. Pero la Junta de Andalucía ha inventado el mobbing por ausencia. De hecho, desde hace 75 días mantiene abandonada y sola a la funcionaria G.B.M, presidenta de la conocida plataforma antiadministración paralela, Defiendomiderecho.com., en una dependencia de la Junta conocida como la Casa Rosa. Allí sin compañeros, sin superiores, sin nadie y sin trabajo asignado pasa los días.
Cuenea El Mundo que desde hace 75 días, dos meses y medio nada menos, se sienta cada día en su mesa y allí pasa las horas delante del ordenador, sin ninguna tarea asignada, sin jefes y casi sin compañeros. Está en un palacete fantasma del que ya se han mudado casi todos sus antiguos compañeros. La mayor parte de los empleados públicos que trabajaba en este edificio, junto a la funcionaria «abandonada », ha sido trasladado a otra sede de la Junta en la calle Tabladilla de Sevilla. La mudanza es el resultado de la fusión de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, decidida tras las últimas
La funcionaria ha pedido explicaciones a sus superiores en repetidas ocasiones y ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia de Sevilla por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores.
En la denuncia, señala el «grave abandono administrativo que padezco»desde el pasado 5 de julio. Y sigue: "«El trato que recibo supone una grave discriminación como servidor público, dado que se me está impidiendo el desarrollo efectivo de mis funciones y competencias públicas que me corresponden». Por ello, ha pedido al juez que llame a testigos y que practique una pericial médica sobre los efectos que la situación producen en su salud.
Daado que el edificio está en el mercado, ha tenido que soportar la visita de personas de organismos de la Junta que quieren ser sus próximos inquilinos por lo que debaten sus diseños y la organización, incluso de las mesas donde va a sentarse el personal nuevo de la Secretaría General de Ordenación del Territorio.
Según la afectada, "la única explicación posible» es que está al frente de una beligerante asociación de empleados públicos, advierte. La Junta no ha dicho aún nada.
Cuenea El Mundo que desde hace 75 días, dos meses y medio nada menos, se sienta cada día en su mesa y allí pasa las horas delante del ordenador, sin ninguna tarea asignada, sin jefes y casi sin compañeros. Está en un palacete fantasma del que ya se han mudado casi todos sus antiguos compañeros. La mayor parte de los empleados públicos que trabajaba en este edificio, junto a la funcionaria «abandonada », ha sido trasladado a otra sede de la Junta en la calle Tabladilla de Sevilla. La mudanza es el resultado de la fusión de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, decidida tras las últimas
elecciones autonómicas. Ambos se integran ahora en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que dirige el consejero Luis Planas.
La fusión y mudanza se han hecho sin contar con la funcionaria G.B.M., que es, precisamente, la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, un colectivo de empleados públicos
La fusión y mudanza se han hecho sin contar con la funcionaria G.B.M., que es, precisamente, la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, un colectivo de empleados públicos
de la Junta que figura como codemandante en más de 25 procesos judiciales en curso contra la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo.
La funcionaria ha pedido explicaciones a sus superiores en repetidas ocasiones y ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia de Sevilla por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores.
En la denuncia, señala el «grave abandono administrativo que padezco»desde el pasado 5 de julio. Y sigue: "«El trato que recibo supone una grave discriminación como servidor público, dado que se me está impidiendo el desarrollo efectivo de mis funciones y competencias públicas que me corresponden». Por ello, ha pedido al juez que llame a testigos y que practique una pericial médica sobre los efectos que la situación producen en su salud.
Daado que el edificio está en el mercado, ha tenido que soportar la visita de personas de organismos de la Junta que quieren ser sus próximos inquilinos por lo que debaten sus diseños y la organización, incluso de las mesas donde va a sentarse el personal nuevo de la Secretaría General de Ordenación del Territorio.
Según la afectada, "la única explicación posible» es que está al frente de una beligerante asociación de empleados públicos, advierte. La Junta no ha dicho aún nada.
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