Toledo tiene pendientes 53 causas de homicidio por accidente laboral

Fuente: latribunadetoledo.es
Fecha: 23/09/2012

Las cifras de siniestralidad laboral siguen ennegreciendo las estadísticas a pesar de la puesta en marcha de más medidas de seguridad en las empresas, la lucha de los sindicatos, la implicación de las administraciones y el trabajo de los tribunales, muy sensibilizados con esta lacra en los últimos años, ya que la problemática obligó hace varios años a la Fiscalía General del Estado a arbitrar una serie de medidas para mejorar y hacer más eficaz la actividad de las distintas fiscalías provinciales a las que acompañó con la designación de fiscales especializados en la materia. Si bien, la sobrecarga de trabajo en los juzgados obliga a retrasar todavía algunas causas pendientes, ya sean por homicidio o por lesiones.
Según se desprende de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2011, publicada hace unos días, Toledo aún tiene pendiente 53 procedimientos por delitos de homicidio imprudente en accidente laboral, siete menos que en 2010.  Los datos muestran un ligero descenso de estas causas, puesto que  los tribunales toledanos llegaron a acumular 71 procedimientos pendientes de resolución en 2009.
El documento de la Fiscalía General del Estado arroja también que el año pasado se incoaron cinco procedimientos por homicidio imprudente en el ámbito laboral, uno más que el ejercicio anterior. Si bien, lo que más ingresan los tribunales son causas pendientes por delitos de lesiones imprudentes. En este caso, Toledo incoó 38 procedimientos, diez menos que en 2010.
A pesar de que las cifras son reducidas en comparación con otras provincias, el documento no se olvida de que aún se acumulan 135 causas de lesiones sin resolver, un volumen importante teniendo en cuenta que en el ejercicio anterior había 112 causas pendientes de resolución. Por tanto, la actividad judicial en relación a esta materia indica que aún existe cierta dilación  debido a la sobrecarga de trabajo de los juzgados y a la falta de plantilla, tanto de jueces y fiscales como de funcionarios.
Por otro lado, la Fiscalía de Toledo mantiene una notable actividad relacionada con la siniestralidad laboral, ya que se incoaron 24 diligencias de investigación, aunque finalmente terminaron archivándose todas. Lo contrario a lo ocurrido en 2010, ya que las siete diligencias de investigación siguieron su curso. Además, la plantilla -compuesta por 23 fiscales- consiguió formular 18 escritos de acusación y finalmente se dictaron 10 sentencias a cargo de los juzgados de lo Penal.

la lucha. Los accidentes laborales siguen ofreciendo una sombría problemática, ya que cada día fallecen dos trabajadores en el ámbito laboral y 15 resultan heridos. Y en Castilla-La Mancha, las cifras no son halagüeñas porque durante el primer semestre de 2012 se han registrado 11 accidentes mortales, cinco más que en el mismo periodo de 2011. Ante este panorama, las administraciones, los tribunales, los sindicatos y las asociaciones de víctimas decidieron aunar esfuerzos hace años para intentar rebajar unas cifras que siguen atormentando a muchas familias todavía. Si bien, cada uno busca la mejor salida en su ámbito y la Fiscalía lleva años tomándose la problemática con especial interés como prueba el convenio que se firmó con los sindicatos en 2007 para poner en marcha distintos protocolos de actuación a fin de perseguir la actividad criminal existente en buena parte de los accidentes laborales.Y uno de lo éxitos constatables, como recoge la memoria, es la importante cantidad de procedimientos que acaban en conformidad y evitan el retraso que puede darse en la instrucción, en el señalamiento y en la celebración de las vistas.
En este caso, el fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, señala en el documento: «Se trata de  otorgar una respuesta ajustada a derecho y proporcionada a la naturaleza, entidad y gravedad de los hechos que implica la asunción de culpabilidad por los responsables de los hechos y  se garantiza una efectiva y adecuada reparación, tanto moral como material, a las víctimas».
Aun así, la Fiscalía de Toledo observa cierta reticencia de los letrados a la hora de tratar la inhabilitación especial para continuar ejerciendo la actividad profesional de los responsables de los delitos